Para una nueva democracia, una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La presentación por parte del Poder Ejecutivo del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe ser analizada más allá de la actual coyuntura política. La aprobación de este proyecto por parte del Poder Legislativo, en el caso auspicioso de que lograra finalmente realizarse, significaría un paso fundamental para la imprescindible extensión de los principios democráticos de libertad e igualdad. Esta tarea de expansión y profundización de la democracia al interior del cuerpo cívico es necesaria para revertir los efectos causados por lo que el sociólogo rioplatense Denis Merklen llama "los dos sentidos contradictorios de la evolución política reciente", esto es, la simultaneidad de la consolidación de mecanismos políticos formales democráticos con la degradación del tejido social producto de la pobreza y la desigualdad. La Argentina tuvo una de las transiciones democráticas más "limpias" de la región. Pero al mismo tiempo, el país experimentó una de las más radicales implementaciones de los programas de ajuste estructural y reforma del Estado que lesionaron gravemente los principales pilares del desarrollo social: el mercado de trabajo, la educación y la salud públicas y la previsión social; instituciones tan fundamentales para la democracia como la libre elección de representantes.
Los servicios de comunicación audiovisual constituyen una esfera crucial de la vida social que permanece regida por una regulación cuya génesis y posterior desarrollo se encuentran directamente vinculados al proceso de concentración económica abierto durante la dictadura y profundizado en democracia. A menudo se recuerda que la ley actual tiene origen en un decreto ley de la última dictadura militar. No se subraya lo suficiente, sin embargo, que las modificaciones realizadas luego de 1983 no han sino empeorado sustancialmente el marco legal que rige la producción, distribución y circulación de información. Así, durante los últimos 26 años hemos visto como la expansión y profundización de las libertades políticas tuvo lugar simultáneamente con un proceso que corroía sus cimientos: la concentración de la producción y trasmisión social de la información por unos pocos grupos empresarios. Es por esto que cualquier intento de introducir cambios que lleven a una mayor libertad e igualdad en ese ámbito, debe ser debatido y apoyado por todos los actores comprometidos con la democracia.
La decisión de intentar transformar la matriz de producción y consumo de servicios de comunicación audiovisual no es el único dato positivo de la iniciativa oficial. La opción por el siempre largo y trabajoso camino de la reforma del marco legal es un acierto que llama la atención sobre un dato fundamental: el Estado es el actor principal de la expansión y profundización democrática porque ella sólo puede realizarse a través de medios que le son exclusivos como la sanción de leyes y la exigencia de su cumplimiento. No puede dejar de considerarse una buena noticia el hecho de que en un país donde la legalidad es a menudo dejada al margen de las principales interacciones sociales (basta pensar en la evasión impositiva o en la falta de cumplimiento de elementales derechos) el debate público se estructure en torno a un proyecto de ley. No puede dejar de considerarse una buena noticia, insistimos, que la polémica reactive mecanismos de participación y representación que estaban oxidados por el abandono o dañados por su mal uso. Tan importante como un eventual cambio en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual es que éste sea realizado a través de una norma y no de medidas aisladas.
Para entender la importancia de la ley como instrumento de intervención estatal basta pensar en el relativamente poco éxito que han tenido intervenciones gubernamentales realizadas por medios más directos. Ni la creación de Enarsa, ni la revocación de licencias a concesionarios ferroviarios, ni los repetidos programas de crédito hipotecario han logrado transformar estructuralmente áreas cruciales como el mercado energético, el servicio de transporte público de pasajeros, o el acceso a la vivienda. Y aún en los casos donde las intervenciones directas fueron indudablemente exitosas (como en la política laboral), sus logros están amenazados por una frágil perspectiva de continuidad ante un cambio de gobierno.
El proyecto de la ley de Medios se inscribe afortunadamente en ese otro grupo de medidas que ponen al Congreso en el centro de la escena, como durante la estatización de los fondos privados de pensión y de Aerolíneas Argentinas. Este es el hecho auspicioso. El debate deberá girar en torno del articulado del proyecto, de la redacción clara y transparente de los incisos, del armado de las coaliciones parlamentarias. Las grandilocuencias, a las que son tan afectos muchos dirigentes políticos, deberán dejar su lugar a los estudios de legislación comparada, a los ejemplos concretos de experiencias similares en el "mundo serio” (dudosa abstracción a la que se recurre con el sólo intento de impugnar las iniciativas oficialistas), a los antecedentes que arrastra esta larga batalla legislativa que está a punto de librarse.
Las instituciones funcionando, para sorpresa de muchos, son menos rimbombantes que las gestas y las cruzadas por la Libertad que algunos quisieran imaginar para sí. Una ley, que cree derechos y obligaciones iguales para todos al regular una actividad central de la vida pública como son los medios de comunicación, debe ser el objeto exclusivo del debate. Las apelaciones mutuas a los objetivos íntimamente perversos del adversario político (que incluyen evaluaciones impertinentes sobre el contenido trasmitido por los medios, o torpes y confusas inspecciones fiscales, por parte del oficialismo, y elucubraciones acerca de los fines ocultos del proyecto por parte de la oposición) no hacen sino distraer a una sociedad justo en el momento que se está por dar un paso fundamental hacia una democracia más plena.
Como ha quedado demostrado en la reciente votación que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, para poder extender los principios democráticos a la esfera de la comunicación social se necesita el esfuerzo de todo el espectro político que se nutre de las distintas tradiciones políticas progresistas y populares. La variopinta composición de la coalición legislativa que posibilitó la media sanción del proyecto de ley constituye, en efecto, una referencia alentadora para quienes apostamos por una gobernabilidad transformadora.
Particularmente importante será el desarrollo del debate y la negociación política en el Senado de la República. Esta institución fundamental para nuestra democracia federal debe ser el ámbito en el que los representantes de los pueblos de las provincias puedan hacer valer en igualdad de condiciones los intereses de los habitantes de sus distritos. La menor cantidad de integrantes y de variedad de fuerzas políticas presentes en la Cámara Alta respecto de la Baja obliga a los senadores a redoblar sus esfuerzos en pos de la representación política para evitar que el Senado sea, una vez más, la trinchera del status quo.
No está en discusión una decisión ejecutiva sino la transformación de un marco regulatorio que de ser exitosa trascenderá con creces el actual escenario político. El trabajo conjunto para la aprobación, del proyecto que ha sido presentado por el oficialismo, pero que es resultado de un amplio proceso de participación ciudadana, es la única manera de poner a los servicios audiovisuales de comunicación al servicio de la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. El federalismo es uno de los principios fundantes del Estado argentino y el Senado de la Nación su más alta expresión institucional. Es de esperar que sus integrantes, conscientes de la trascendencia de la decisión que deberán tomar en breve, completen la media sanción otorgada por los diputados. Harán así honor a la mejor tradición federal argentina: la que pone las fuerzas sociales y políticas propias de cada Provincia al servicio de una Nación más justa, más representativa y más federal.
Los servicios de comunicación audiovisual constituyen una esfera crucial de la vida social que permanece regida por una regulación cuya génesis y posterior desarrollo se encuentran directamente vinculados al proceso de concentración económica abierto durante la dictadura y profundizado en democracia. A menudo se recuerda que la ley actual tiene origen en un decreto ley de la última dictadura militar. No se subraya lo suficiente, sin embargo, que las modificaciones realizadas luego de 1983 no han sino empeorado sustancialmente el marco legal que rige la producción, distribución y circulación de información. Así, durante los últimos 26 años hemos visto como la expansión y profundización de las libertades políticas tuvo lugar simultáneamente con un proceso que corroía sus cimientos: la concentración de la producción y trasmisión social de la información por unos pocos grupos empresarios. Es por esto que cualquier intento de introducir cambios que lleven a una mayor libertad e igualdad en ese ámbito, debe ser debatido y apoyado por todos los actores comprometidos con la democracia.
La decisión de intentar transformar la matriz de producción y consumo de servicios de comunicación audiovisual no es el único dato positivo de la iniciativa oficial. La opción por el siempre largo y trabajoso camino de la reforma del marco legal es un acierto que llama la atención sobre un dato fundamental: el Estado es el actor principal de la expansión y profundización democrática porque ella sólo puede realizarse a través de medios que le son exclusivos como la sanción de leyes y la exigencia de su cumplimiento. No puede dejar de considerarse una buena noticia el hecho de que en un país donde la legalidad es a menudo dejada al margen de las principales interacciones sociales (basta pensar en la evasión impositiva o en la falta de cumplimiento de elementales derechos) el debate público se estructure en torno a un proyecto de ley. No puede dejar de considerarse una buena noticia, insistimos, que la polémica reactive mecanismos de participación y representación que estaban oxidados por el abandono o dañados por su mal uso. Tan importante como un eventual cambio en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual es que éste sea realizado a través de una norma y no de medidas aisladas.
Para entender la importancia de la ley como instrumento de intervención estatal basta pensar en el relativamente poco éxito que han tenido intervenciones gubernamentales realizadas por medios más directos. Ni la creación de Enarsa, ni la revocación de licencias a concesionarios ferroviarios, ni los repetidos programas de crédito hipotecario han logrado transformar estructuralmente áreas cruciales como el mercado energético, el servicio de transporte público de pasajeros, o el acceso a la vivienda. Y aún en los casos donde las intervenciones directas fueron indudablemente exitosas (como en la política laboral), sus logros están amenazados por una frágil perspectiva de continuidad ante un cambio de gobierno.
El proyecto de la ley de Medios se inscribe afortunadamente en ese otro grupo de medidas que ponen al Congreso en el centro de la escena, como durante la estatización de los fondos privados de pensión y de Aerolíneas Argentinas. Este es el hecho auspicioso. El debate deberá girar en torno del articulado del proyecto, de la redacción clara y transparente de los incisos, del armado de las coaliciones parlamentarias. Las grandilocuencias, a las que son tan afectos muchos dirigentes políticos, deberán dejar su lugar a los estudios de legislación comparada, a los ejemplos concretos de experiencias similares en el "mundo serio” (dudosa abstracción a la que se recurre con el sólo intento de impugnar las iniciativas oficialistas), a los antecedentes que arrastra esta larga batalla legislativa que está a punto de librarse.
Las instituciones funcionando, para sorpresa de muchos, son menos rimbombantes que las gestas y las cruzadas por la Libertad que algunos quisieran imaginar para sí. Una ley, que cree derechos y obligaciones iguales para todos al regular una actividad central de la vida pública como son los medios de comunicación, debe ser el objeto exclusivo del debate. Las apelaciones mutuas a los objetivos íntimamente perversos del adversario político (que incluyen evaluaciones impertinentes sobre el contenido trasmitido por los medios, o torpes y confusas inspecciones fiscales, por parte del oficialismo, y elucubraciones acerca de los fines ocultos del proyecto por parte de la oposición) no hacen sino distraer a una sociedad justo en el momento que se está por dar un paso fundamental hacia una democracia más plena.
Como ha quedado demostrado en la reciente votación que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, para poder extender los principios democráticos a la esfera de la comunicación social se necesita el esfuerzo de todo el espectro político que se nutre de las distintas tradiciones políticas progresistas y populares. La variopinta composición de la coalición legislativa que posibilitó la media sanción del proyecto de ley constituye, en efecto, una referencia alentadora para quienes apostamos por una gobernabilidad transformadora.
Particularmente importante será el desarrollo del debate y la negociación política en el Senado de la República. Esta institución fundamental para nuestra democracia federal debe ser el ámbito en el que los representantes de los pueblos de las provincias puedan hacer valer en igualdad de condiciones los intereses de los habitantes de sus distritos. La menor cantidad de integrantes y de variedad de fuerzas políticas presentes en la Cámara Alta respecto de la Baja obliga a los senadores a redoblar sus esfuerzos en pos de la representación política para evitar que el Senado sea, una vez más, la trinchera del status quo.
No está en discusión una decisión ejecutiva sino la transformación de un marco regulatorio que de ser exitosa trascenderá con creces el actual escenario político. El trabajo conjunto para la aprobación, del proyecto que ha sido presentado por el oficialismo, pero que es resultado de un amplio proceso de participación ciudadana, es la única manera de poner a los servicios audiovisuales de comunicación al servicio de la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. El federalismo es uno de los principios fundantes del Estado argentino y el Senado de la Nación su más alta expresión institucional. Es de esperar que sus integrantes, conscientes de la trascendencia de la decisión que deberán tomar en breve, completen la media sanción otorgada por los diputados. Harán así honor a la mejor tradición federal argentina: la que pone las fuerzas sociales y políticas propias de cada Provincia al servicio de una Nación más justa, más representativa y más federal.
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